Jorge Gómez

El pasado viernes tuve ocasión de asistir a un interesante evento organizado por la Cátedra Telefónica-UNED de RSC y Economistas sin Fronteras que tenía como objetivo analizar el estado de la inversión socialmente responsable (ISR) y sus perspectivas de futuro.

En la Jornada se puso de manifiesto la gran oportunidad que supone para las pymes el tener en cuenta los criterios ASG (ambientales, sociales y de buen gobierno) en sus decisiones de inversión como una manera de desarrollar su estrategia de responsabilidad social empresarial. En la práctica supone realizar un análisis de riesgos que tenga en cuenta, además del económico, los impactos sociales y medioambientales.

Las diferentes ponencias constataron que a la ISR en España todavía le queda un largo camino por recorrer, en cuanto al volumen de dinero invertido que tiene en cuenta criterios de responsabilidad. El volumen de la ISR en nuestro país todavía es testimonial, en torno a los 33.000  millones de euros frente al billón de euros en UK o los 300.000 de Suecia.

Una de las cuestiones que surgieron en el coloquio fue a qué se debe el lento avance de la ISR cuando realmente es algo que “suena bien” al oído del público. Ante dos alternativas que se diferencian en incorporar criterios de responsabilidad la opción preferida se decanta a favor de la ISR. Sin embargo si atendemos a criterios de rentabilidad, de TIR, los fondos de inversión que pueden considerarse ISR presentan unas rentabilidades más bajas que los que no tienen en cuenta los principios de la ISR en sus decisiones de inversión. Este hecho resulta decisivo, bien porque el inversor sólo busca rentabilidad o porque, aún siendo sensible a criterios de responsabilidad, no recibe información transparente de en qué se está invirtiendo su dinero. Consecuencia de ello la ISR presenta un avance lento y limitado fundamentalmente a fondos de pensiones o inversiones institucionales que exigen el cumplimiento de una serie de requisitos ASG.

Esta casuística no difiere del actual debate acerca de por qué no avanza la RSC. Quizá, el efecto tractor, de la misma manera que en la cadena de valor de una empresa reside en última instancia en el consumidor, en el caso de la ISR está en el inversor que cede su dinero.

La exigencia de transparencia por parte del inversor y el rechazo de prácticas no alineadas con la responsabilidad será, en definitiva, lo que dé preferencia a la ISR. En último término no tendría sentido el hablar de inversión ISR y “no ISR”. Simplemente esta última sería un modelo de inversión no aceptada, del mismo modo que ocurre con un negocio ilegal. Lo que está sucediendo en realidad es que las prácticas no responsables se esconden y no trascienden, sólo es visible la rentabilidad. La exigencia de un análisis de riesgos en profundidad con criterios y el rechazo de propuestas carentes de ello sin duda daría lugar a una generalización de la inversión socialmente responsable.

El escenario, en definitiva, es similar a la exigencia de una gestión responsable de la cadena de suministro, si sustituimos proveedores externos por empresas participadas o proyectos a los que se presta apoyo económico. Una institución que tiene como principios no invertir en armas o energías contaminantes está contradiciéndolos no sólo si invierte de manera directa, también si lo hace a través de un fondo o un producto financiero derivado.

Un ejemplo de esto último es la venta a “fondos buitre” de carteras de hipotecas fallidas,  ¿existe riesgo reputacional para un banco que realiza esta práctica?. Si atendemos al mismo criterio utilizado cuando los productos de una empresa incluyen la participación de proveedores o empresas externas que no respetan los estándares de responsabilidad, claramente el impacto reputacional sería el mismo que si el propio banco llevase a cabo las mismas prácticas que los fondos a los que vende sus carteras de hipotecas y cuyo único objetivo es maximizar la rentabilidad de ese activo financiero.